domingo, 26 de julio de 2009

Discutir por el matrimonio y la familia



Por José Díaz Cervera


No veo por qué la posibilidad de que existan otros tipos de organización familiar en función de otras formas de mirar el mundo y las relaciones interpersonales, pueda ser una amenaza contra la organización familiar de carácter tradicional (esto lo digo como padre de familia con esposa y dos hijos). La reacción alérgica a otras maneras de vivir implica siempre la cancelación de lo posible.




Desde luego que estamos ante un asunto que tiene sus complejidades y que no se podrá resolver de manera satisfactoria para todos; el problema más complejo es definir el punto de partida para una posible discusión que ya se prevé difícil, pero que indudablemente tendrá que ser un ejercicio comunitario.

¿Debemos pensar que la organización de la familia ha existido siempre tal y como ahora la conocemos y, por tanto, deberá existir así ad perpetuam? Revisando la historia y las diversas aproximaciones al asunto, debemos concluir de manera contundente que no, por lo que es necesario fundamentar la discusión en otro punto. Asimismo, el argumento de la opinión mayoritaria tampoco puede tomarse muy en serio (diez mil firmas son una cantidad respetable, pero sin relevancia en los terrenos de la argumentación); pensemos que durante siglos la mayoría, sino es que todos los hombres, creía que la Tierra era plana y no por ello nuestro planeta perdió su condición de redondez.


Otro argumento esgrimido en la propuesta de Ley por el Matrimonio y la Familia, impulsada por grupos religiosos del Estado, tiene que ver con que la organización familiar vigente es la más adecuada de cuantas puedan existir (algunos han afirmado, incluso, en un discurso cargado de ambigüedad, que nuestra organización familiar es la culminación de un proceso evolutivo). Este argumento no contempla que, de hecho, la dinámica del consumo ha modificado ya la estructura del núcleo familiar y soslaya que vivimos en una Entidad cuya ciudad capital es, desde hace más de una década, el primer lugar en suicidio infantil y juvenil, fenómeno que, siendo multi-factorial, tiene como caldo de cultivo la disfuncionalidad de una familia anquilosada en una manera violenta (a nivel simbólico y físico) de plantearse su relación con el mundo.

Los dos factores fundamentales que la Ley de marras busca reprimir son, por un lado, la institucionalización —con deberes y derechos— de ciertas formas de relación y convivencia que de hecho existen y, por el otro, la posibilidad de que un embarazo sea interrumpido sin que ello implique delito alguno, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de un término marcado por la propia legislación, a partir del criterio fundamental de considerar el momento en que un complejo bioquímico se ha convertido en sujeto de una vida. Debajo de esto, está la prohibición de relaciones que no caigan dentro de los parámetros de “lo normal”, pero también está la satanización de la sexualidad y la represión del derecho a los placeres sensibles.

Aquí las consideraciones nos llevan a otros territorios, donde debemos preguntarnos si es el fin del matrimonio la reproducción controlada de la especie, y si podemos considerar que las llamadas “sociedades de convivencia” son una forma degradada y espuria de la institución matrimonial.

Cuando el problema se plantea en términos de homosexualidad, su carga simbólica se potencia. Las sociedades de convivencia, sin embargo, representan una amplia gama de posibilidades entre las cuales se encuentra la de la pareja que ejerce su sexualidad de una manera no institucionalizada. Aquí tendríamos que preguntarnos si el reconocimiento jurídico de una sociedad de convivencia supone la despenalización de una conducta criminal o un atentado contra la paz social. La respuesta no puede eludir un juicio de valor sobre las relaciones interpersonales y más, concretamente, sobre la homosexualidad.




Las aproximaciones multidisciplinarias al respecto, parecen llevarnos a un conjunto de datos mínimos. Así, la homosexualidad, como tal, no se considera una perversión ni una enfermedad que se cura con hormonas ni el resultado de una disfunción familiar o una degeneración propiciada por la ausencia de valores en el individuo. Es decir, se puede ser perverso sin ser homosexual, como se puede padecer cualquier patología emocional sin que nuestras preferencias eróticas dejen de ser heterosexuales. Paradójicamente, convivir con un homosexual no nos vuelve homosexuales, pero convivir con un neurótico sí.

Cuando hablamos de valores en abstracto, siempre acabamos enredados; por eso valdría la pena que quienes argumentan a favor de la Ley, expliciten qué valores se ponen en tela de juicio si se veta la legislación antes mencionada; el ejercicio, sin embargo, no podría hacerse de manera parcial, pues es necesario que se intente una definición conceptual de dichos valores para saber si se está discutiendo el mismo asunto. Muchas de las inconsistencias de un debate se deben a que los interlocutores utilizan los conceptos en sentidos distintos y a veces hasta contradictorios.

Del otro lado tenemos el asunto de la protección a la vida desde su concepción, donde las creencias de un sector que ciertamente es mayoritario pretenden imponerse a una totalidad que debe ser protegida por la Ley. Aquí el problema fundamental es que se busca troquelar la actuación de un estado laico con el molde de un canon religioso, lo cual podría llevarnos a un callejón sin salida.

A ese nivel, me parece justo que cada quien responda a sus valores y a los dogmas de la fe que practica; lo que resulta una perversión es que se intente imponerlos a quienes están fuera de ese estatuto religioso. Despenalizar parcialmente la interrupción de un embarazo no buscado, no supone una invitación a la práctica del aborto y, mucho menos, un acicate al desenfreno sexual; en todo caso, si esta es una de las preocupaciones, ¿por qué no somos más radicales y solicitamos la censura de las telenovelas y de mucha de la música que se escucha a través de las radiodifusoras?

Desde mi humilde posición, propongo que la Ley se congele hasta que se discuta en un nivel más amplio que el del Congreso del Estado, donde los legisladores se mueven en la ambigüedad y sin suficientes elementos de juicio. Asimismo, aplaudo la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la organización de los foros correspondientes que permitan que el asunto se discuta a partir de algunos lineamientos básicos previamente definidos.

Quienes promueven la Ley deben demostrar por qué formas alternativas de convivencia y de organización familiar atentan contra las formas establecidas, y también por qué se debe evitar que quienes tienen formas alternativas de convivencia cuenten con algún tipo de protección legal en el ejercicio de esa relación. También será necesario demostrar por qué las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro.

Si se encuentran los argumentos válidos, sociológica y jurídicamente hablando, para aprobar de manera definitiva esta Ley, algo habremos aprendido de nosotros mismos y entonces se evitará un conflicto. Lo que resulta inaceptable es el hecho de que se recurra al madruguete y al falso argumento del apoyo multitudinario para ejercer presión sobre las autoridades, pues con esa artimaña todos salimos perdiendo.

No soy homosexual, vengo de una familia tradicional y por decisión libre formé una familia con ese mismo molde; ello, sin embargo, no me impide entender que hay otras posibilidades que ya se ejercen en el terreno de los hechos y que en muchos casos resultan altamente provechosas para quienes las ponen en práctica, dando como resultado el crecimiento intelectual y emocional de quienes forman parte de ellas. Me parece que la propia Gobernadora carece, por ahora, de elementos de juicio suficientemente fundamentados para tomar una decisión al respecto. Su cautela ante el asunto no me parece una mala señal.

Lo que me alarma es el cruce sintomático de amagos y marrullerías, y a ese nivel hay dos asuntos que enrarecen el panorama: la presión de la Red Pro Yucatán, que tiene una carga amenazante y, del otro lado, la probable existencia de una lista de personajes encumbrados del Estado que han participado en los favores de algunos homosexuales que ejercen la prostitución, misma que se haría pública en caso de que la Ley se publique.

Hasta ahora, no hay argumentos sólidos a favor de la Ley por el Matrimonio y la Familia y esto es lo que tienen que proporcionarnos quienes la han promovido y quienes la aprobaron.

La Ley por el Matrimonio y la Familia tiene un fondo discriminatorio; sus impulsores deben explicarnos por qué tendríamos que discriminar a quienes no piensan como ellos y cuál es la ventaja social que ello nos traería. Personalmente, yo considero que la mejor manera de defender el orden familiar que yo elegí, es ejerciendo la tolerancia y el respeto por la libertad de los demás; ese ejercicio me garantiza una vida familiar de buena calidad y sin las amenazas del fundamentalismo.


diacervera@gmail.com




Por esto!, viernes, 24 de julio de 2009.

3 comentarios:

Ego dijo...

Para externar sus comentarios al H Congreso del Estado sobre este tema, dirigirse aquí:

http://www.congresoyucatan.gob.mx/articulo/481/foro-virtual-sobre-la-iniciativa-popular.html

vixi vici dijo...

Don José, cuánta razón lleva Usted en lo que inteligente y prudentemente nos ha expuesto en su blog. El asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo se ha planteado desde un punto de vista meramente homosexual que a mí me suena a capricho. Al respecto iniciaron en Mérida dos corrientes con el asunto, unos querían las sociedades de convivencia, otros, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí tiene Usted una clara división de opiniones que -aunada a su falta de contextualización del asunto y de argumentos de índole legal y científica en las áreas de la sociología, psicología y antropología, fue perfecto y fácil blanco de ataque de la Iglesia Católica a la que se unió a los partidos políticos más representativos en Yucatán, para claro, llegar a un conveniente proyecto por demás discriminatorio e inconstitucional.

Según expongo en mi modesto blog, el asunto estriba en verlo a la luz de los derechos humanos fundamentales que cada ciudadano mexicano tenemos por el simple hecho de haber nacido en México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya ha resuelto en gran parte el asunto: nadie puede ser privado de las garantías (derechos humanos), el varón y la mujer son iguales ante la Ley, nadie puede ser discriminado por razón de su preferencia o credo, nadie puede ser juzgado por una ley especial (por ejemplo una sólo para heterosexuales), la libertad, la igualdad, la dignidad son valores protegidos constitucionalmente. México ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Así las cosas y como he expuesto en mi blog, el asunto debe ser resuelto con argumentos técnico jurídicos de expertos en derecho civil, derecho constitucional y derecho familiar. Hay que oír a los expertos en otras ciencias, para poder convencer a los legisladores del beneficio social que se persigue. De ahí la necesidad de hacer una combinación de argumentos de peso para poder hacer un proyecto que convenza. Cuando menos hay que crear conciencia no sólo en la sociedad, sino entre las personas de preferencia sexual diferente para que cuando menos luchen unidas.

Por último comentaré, que al través de dos escritos vergonzosos por superficiales y elementales, de la asociación civil denominada “Buenas Intenciones”, ha solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que ambas presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad del decreto promulgado por la señora Gobernadora del Estado de Yucatán. Tales asociaciones no están bien asesoradas en materia de Derecho. Así que no creo que las referidas comisiones de derechos humanos actúen en consecuencia, pues simplemente en la tesitura de tales escritos no se expone una adecuada y convincente motivación de la problemática real de violación de derechos humanos, no sólo con consideraciones jurídicas y constitucionales, sino científicas y comparadas con el derecho internacional. Es más, sus propios escritos son excluyentes y discriminatorios de los derechos de lesbianas, bisexuales, transgénicos, transexuales y lo que es peor aún, de los menores que tienen derecho a la felicidad y a una familia en la que se les obsequie día a día amor, cuidados, respeto, educación, así como a que se les instruya con valores tales como el patriotismo, la tolerancia, el respeto y la igualdad.

Don José, le felicito por su blog y por sus razonamientos que buena falta le hace a muchos leer para que se pongan a trabajar al respecto. Me emociona y hasta consuela saber que hay otras ópticas con las que se puede coincidir. Veo que es Usted padre de familia y esposo, creo que sus hijos le aprenderán esos valores de los que hablo, pues la tolerancia, el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los demás, sin duda alguna les harán buenos mexicanos. Le agradezco el espacio y pongo a su servicio mi blog: http://piedracaidadelcielo.blogspot.com/
Atentamente: Antonio Rodríguez.

René dijo...

Nobleza, Sensatez y sentimiento. Totalmente de acuerdo con su comentario.

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